Las dos cuestiones principales que son de interés de organizaciones que representan a trabajadores son las salariales y la que hace a las condiciones de trabajo.
Para la primera, empleados judiciales transitan hoy un camino allanado en cuanto a compromisos de parte del Ejecutivo a partir de dar valor a una ley que busca primero una equiparación a una media del NEA para los agentes que desempeñan en la provincia y que ahora el propósito es instalar el debate de otro punto que tiene la normativa, que dice que desde agosto de 2023, el parámetro para los haberes será de una media nacional y no del Nordeste, un punto de partida mejor.
x“Hay un consenso y es lamentable; vamos a esperar a ver la votación”, afirma Graciela Aranda. Contamos con la Ley 3424, presionamos para que se incluya a los trabajadores y tenemos dos revisiones anuales en lo que hace al ítem que se cobra en el salario mes a mes , un concepto que también alcanza a los jubilados», indicó NORTE la secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales, Graciela Aranda. La dirigente indicó que el Ejecutivo otorgó un incremento salarial en marzo por el concepto del media del NEA , en mayo se fijó una suba del 10 por ciento al básico como acción de adelantar un incremento que estaba pautado para julio y además 5000 pesos remunerativos. «En agosto seguramente nos vamos a reunir para evaluar lo que es el ajuste de revisión por la media del Nordeste pero antes, el Gobierno se comprometió a comenzar en las próximas semanas, la discusión para hacer cumplir la parte de la normativa que marca que desde agosto de este año ese ítem contemplará una media nacional y no solo del NEA», agregó.
CONVENIO COLECTIVO
En otro párrafo, Aranda se refirió a la urgencia que tiene la familia judicial de repensar las relaciones laborales y para ello apuntan a la sanción de un convenio colectivo de trabajo que reemplace al vetusto reglamento interno que hace de regulador desde una mirada de generar mayor protección a los agentes y achicar abusos y maltratos que hoy se dan, algunos hasta llegan al Consejo de la Magistratura con el pedido de jury como el caso de la jueza Fanta.
«Hay mucha gente con tratamiento psicológico, las arbitrariedades son tales que hay veces que se niegan ascensos automáticos a los empleados por supuestos informes negativos de los que el empleado llega tarde administrativamente con el descargo
porque nunca se entera», dijo. «La violencia laboral repercute en la salud de los trabajadores, tenemos un reglamento de los años de facto con el resto de los sindicatos vamos a trabajar en proyectos de ley sobre el convenio colectivo», cerró.
