La Policía Federal de Brasil allanó este jueves 22 propiedades de empresarios acusados de financiar la movilización de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro para invadir la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero con el objetivo de provocar un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
«Fue determinado el bloqueo de bienes y valores de los investigados por 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares) para cubrir y reparar los daños causados a la propiedad pública», dijo la Policía Federal en un comunicado.
Según la prensa brasileña, uno de los empresarios investigados es Geraldo Killer, un ruralista que financió parte de la campaña para la fallida reelección de Bolsonaro y la del senador Marcos Pontes, el astronauta que fue ministro de Ciencia y Tecnología bolsonarista.
Esta fase de la investigación apunta a encontrar a los que financiaron los campamentos frente a los cuarteles del Ejército en Brasilia y en las principales ciudades del país para pedir la intervención militar desconociendo la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022 contra el presidente Lula.
El expresidente Bolsonaro declaró el mes pasado ante la Policía Federal por haber publicado en las redes sociales un video en el cual pedía la liberación de los detenidos por golpismo y se denunciaba fraude en las elecciones.
Bolsonaro argumentó ante el comisario que lo interrogó que publicó el video por error en Facebook porque estaba bajo el efecto de la morfina, recuperándose de una internación por problemas gástricos durante su estadía de tres meses en Estados Unidos.
Por el intento de golpe está detenido y procesado el exministro de Justicia de Bolsonaro Anderson Torres, quien en el momento de la intentona era el secretario de Seguridad del gobierno de Brasilia y había ordenado a la Policía no reprimir a los golpistas que asaltaron la sede de la corte, el Congreso y el Palacio del Planalto.