Dicho esto, podemos afirmar que el punto de partida de una política de seguridad ciudadana es tener en claro que el espacio no es homogéneo; por ello, debemos tener la capacidad de reconocer las diferencias y jerarquías que conviven en él.
Es necesario advertir que la construcción de una política por parte del Estado significa la articulación de todos los niveles administrativos, territoriales y sociales de una jurisdicción.
Una acción coordinada y no aislada en compartimentos estancos, sin dudas, implica una necesaria reforma política.
LA SEGURIDAD CIUDADANA DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO
Hay que eliminar de raíz las falsas premisas e identificar desde un principio que la seguridad ciudadana no es solo un aspecto estadístico de criminalidad y delitos, de mayor o menor impacto, que no se trata solo de potenciar la logística de las fuerzas de seguridad, inteligencia y justicia, es decir del sistema de seguridad pública, porque la seguridad ciudadana significa un paso más allá, y que es necesario realizar acciones en pro de la seguridad ciudadana, pues esta no es una misión única y exclusiva de la fuerza pública (Policía) sino de la comunidad.
Esta visión constituye un nuevo paradigma. La gestión no puede medirse únicamente en función de los parámetros de eficiencia y eficacia en relación con la inversión, pues se estarían ignorando otros factores que determinan los niveles de inseguridad ciudadana y de violencia que se presentan en una comunidad.
En suma, más allá de la obviedad de la inversión y de la lógica de los indicadores, recursos y tiempos, como cualquier otra política pública lo más difícil es lograr las transformaciones institucionales y culturales que exige el nuevo paradigma.
Sobre la base de lo dicho, surgen los elementos por tener en cuenta en la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana:
a) construir acciones de convivencia entre la Policía y los ciudadanos, acciones preventivas;
b) generar espacios de coordinación, discusión y encuentro, con regularidad adecuada, conducidos por una gestión política;
c) consustanciar las políticas de seguridad ciudadana con políticas de educación, salud, cultura, deportes, empleo, justicia.;
d) integralidad para el desarrollo de las políticas de prevención, atención a las víctimas;
e) convertir los gobiernos locales en principales constructores, desarrolladores y ejecutores de las políticas integrales para la seguridad ciudadana.
(El autor es licenciado en Gestión de Políticas Públicas, DNI 20. 651.046).