Presidentes del Colegio, Asociación y Consejo de Abogados de la provincia del Chaco repudiaron el proyecto sobre Procedimiento Administrativo Sucesorio(PAS), presentado por el diputado nacional Martín Tetaz.
xDicho proyecto se refiere al traspaso de los procesos sucesorios «de la órbita judicial al ámbito administrativo en manos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo, en tanto ello genera inseguridad jurídica y atenta contra el orden público familiar y patrimonial», reza el comunicado de los abogados.
xEl diputado nacional Martín Tetaz. Abogados chaqueños rechazan un proyecto de ley de su autoría.El comunicado
Los que suscriben la presente, Presidentes de los Colegios, Consejo y Asociación de Abogados, doctores José Rene Galassi, Ricardo José Urturi, Alejandro Ledergerber, María Cecilia Arroyo, Luis María Cadaviz, Daniel Jara, Gastón Marcelo Navarro, y Oscar Trojan, en representación de las abogadas y abogados de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Circunscripción Judiciales de la Provincia del Chaco, manifiestan su absoluta disconformidad con el Proyecto de Ley presentado por el diputado Martín Tetaz, por cuanto propone la creación y regulación del Procedimiento Administrativo Sucesorio (PAS) pretendiendo avanzar sobre la potestad jurisdiccional que la Constitución Nacional asigna a los jueces para decidir sobre el proceso sucesorio, privando a los justiciables del control jurisdiccional, invadiendo así también las competencias profesionales de la abogacía y con ello afectando nuestra fuente de trabajo.
La abogacía organizada del Chaco RECHAZA enérgicamente el traspaso de los procesos sucesorios de la órbita judicial al ámbito administrativo en manos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo, en tanto ello genera inseguridad jurídica y atenta contra el orden público familiar y patrimonial, por lo que solicitamos a los diputados y las diputadas, en especial a quienes representan al pueblo de la Provincia del Chaco, el rechazo total y en la primera oportunidad de este proyecto que solo pretende desamparar los derechos patrimoniales de las personas.
