xA veces, la historia coloca a disposición de sus protagonistas futuros una secuencia de acontecimientos que, al comprimirse en un acotado espacio temporal, les ofrece generosas perspectivas de análisis para comprender (y para transformar) su devenir comunitario.
Estimo que, en principio y en ese sentido, resulta sumamente revelador reparar en la concatenación de hechos que se acumulan entre marzo y junio de 1956. Así, en el marzo indicado se dicta el célebre decreto proscriptivo N° 4161 a través del cual, el régimen que usurpara el poder en septiembre del año anterior sin otro fundamento que la prepotencia militar de las FF.AA., procede a prohibir y a castigar con la cárcel «la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino y que constituyen para éste una afrenta que es imprescindible borrar».
Aún con la tinta fresca de ese formidable acto de autoridad —impregnado de un altisonante «sentimiento democrático», como puede leerse—, el 19 de abril de 1956 ve la luz el decreto-ley N° 7103, que será invocado por su similar N° 15.970 del 31 de agosto del mismo año, y que terminará siendo el dispositivo en virtud del cual «el presidente provisional de la Nación en ejercicio del Poder Legislativo, decreta con fuerza de ley: …el ingreso de la República Argentina al Fondo Monetario Internacional». El recuento de eventos entrelazados ocurridos por aquellos días nos coloca ahora en la jornada del 26 de abril; fecha en la cual el mismo «régimen libertador» aprueba el llamado Plan Prebisch, que definía los lineamientos de su política económica. Y, tras cartón, como necesitaban quitar del medio cualquier tipo de estorbo legal que pudiera interponerse u obstaculizar dichos propósitos económicos, el día inmediato siguiente (27 de abril de 1956), se dicta la proclama militar por la cual se deroga la Constitución Nacional de 1949, restableciéndose la vigencia de la añosa Constitución de 1853. (Cual dato curioso para el joven constitucionalismo chaqueño, cabría subrayarse que por imperio del art. 4° de esta proclama, se ordenaba lo siguiente: «Déjase sin efecto las constituciones sancionadas para las provincias de Chaco, La Pampa y Misiones…»).
Como puede apreciarse, la secuencia que antecede ya contiene sustanciosos elementos como para desentrañar las condiciones en que se desenvuelve la dinámica histórica en sus ribetes económicos, políticos, jurídicos y sociales, pero la memoria insiste en evocar, también, el 9 de junio de 1956; fecha en la que se producirá el frustrado levantamiento constitucionalista del Gral. Juan J. Valle, a lo que le sucederá la serie de fusilamientos y la masacre de José L. Suárez.
El Régimen «libertador» exhibirá un desbordante entusiasmo arrollador de derechos. Una andanada de actos de gobierno ordenará desde la supresión del Congreso a la intervención de las provincias, los sindicatos y las universidades —cuyo claustro docente será puesto «en comisión»—. Así como por decreto los «libertadores» van a prohibir hasta el canto de la contagiosa marcha, otro acto unilateral va a borrar de un plumazo la Constitución Nacional legítimamente sancionada en 1949; y otros decretos de similar talante serán utilizados para imponer desde la proscripción política del peronismo, a la Ley Marcial, la pena de muerte y la lista de quienes serían fusilados.
Y sobre el trasfondo de todo ese brutal disciplinamiento social, obtenido merced a semejantes calamidades represivas, habrá de hacer su aparición triunfal el rostro lozano y pletórico de bienaventuranzas del FMI, para convertir a su voracidad infinita en una presencia constante dentro de la economía (y la política) nacional. Y es que no alcanzarán a transcurrir siquiera tres años luego de aquél 19 de abril de 1956, que en diciembre de 1958, bajo el gobierno de Frondizi, la Argentina contraerá el primer préstamo con ese organismo financiero —gran baluarte del capitalismo mundial—, dando inicio así a un ciclo de endeudamiento que exhibirá un crecimiento exponencial con la posterior dictadura cívico militar de 1976-1983; y que —tras el lapso de desendeudamiento y recuperación soberana entre 2003 y 2015— volverá con nuevos bríos hacia 2018 para adosar, sobre las espaldas del pueblo argentino, el grotesco desembolso requerido por el presidente Macri —por sí y ante sí—, gracias a su enamoramiento con Lagarde y con la fuga de capitales.
Es preciso tener presente que aquél primer crédito del FMI estuvo precedido, a su vez, por el decreto «secreto y reservado» N° 9880, del 14 de noviembre de 1958, por el cual Frondizi activó la aplicación del llamado Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado); medida que, ya con el estado de sitio puesto, superponía a la restricción de derechos y garantías constitucionales la militarización de la población a través de la intervención directa de las FF.AA. en la represión de los reclamos obreros en defensa de sus condiciones laborales. (Y entre los «fundamentos» de ese decreto, cual aciaga letanía que se ensambla con ciertos discursos actuales, podemos extraer el siguiente fragmento donde se esgrime: «el deber constitucional (sic) del Poder Ejecutivo», de «mantener con energía y decisión el orden nacional»).
En definitiva, y como puede observarse, toda una estructura de dominación especialmente dedicada al crudo cercenamiento de prerrogativas fundamentales —en términos de un verdadero Estado de Excepción de aguda impronta opresiva—, es el correlato constitutivo que anuda, en intrínseca complementación, el vínculo de Argentina con el FMI.
Por eso mismo, es imposible no recordar la tapa del diario Clarín del 27 de marzo de 1976, cuyos títulos en letra de molde dan cuenta de las siguientes novedades simultáneas: «Videla asume el lunes»; «Estados Unidos reconoció a la Junta – Crédito del FMI». Entonces, un año después, el punto 6 de la Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar comenzará de la siguiente manera: «Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales…»
Por su parte, John W. Cooke, hacia 1966, al realizar un recuento de lo acontecido tras el derrocamiento y proscripción de Perón en 1955 —y el sistemático deterioro y pauperización que sufrieran los sectores populares desde ese instante—, tomará nota de las expresiones vertidas por uno de los encumbrados «libertadores» (el General Eduardo Lonardi), quien el 26 de octubre de este último año se pronunciaba: «Creemos en el sistema de Libre Empresa, que tanto ha contribuido al progreso de la Civilización Occidental…» (Se me figura que hay un compendio muy rico para la teoría política en la confluencia que se agolpa en la persona de Lonardi, donde irán a converger el golpismo clasista y antidemocrático del general —quien es además, en el caso, gran exponente de todo un dispositivo bélico—, y el liberalismo económico que proclama cual loa a la civilización occidental).
En fin, tal vez habría por allí ciertas enseñanzas que nos depararon los días de abril. Y no sería muy atinado desperdiciar esa íntima fuerza pedagógica que nos viene desde el Fondo de nuestra historia.
