Ingresó en la Legislatura el veto parcial dispuesto por el Poder Ejecutivo a la Ley 3794 por la cual se ponía un freno a las decisiones de facilitar el acceso a la comunicación de privados de libertad mediante la telefonía celular.
En la práctica, las modificaciones que sugirió el gobernador Jorge Capitanich llevan al escenario anterior a la sanción de la normativa, en la que se regía por un protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad.
x»La sanción legislativa resulta absolutamente regresiva en materia de accesos básicos, universales e inalienables», fundamenta el mandatario.
En síntesis, la decisión echa por tierra el espíritu de la ley que con una intención edulcorada en la sanción se corrigió la palabra prohibición por limitación acompañada de la instalación de inhibidores y teléfonos públicos en los centros de detención, ergo, los privados de la libertad iban a poder tener los equipos pero no podría usarlos para la comunicación.
La sugerencia de cambios fue que se utilicen inhibidores siempre que «no afecten a comunidades aledañas» , se sabe que el alcance de estos artefactos puede transcender el predio donde se encuentran comisarías y alcaidías.
Y agrega que se garantice la comunicación, «por cualquier medio» es decir que se sigan usando celulares.Habrá que ver qué ocurre ahora en la Legislatura en razón de que para dejar firme la ley se precisarán los dos tercios de las voluntades parlamentarias, un número que parece difícil de lograr en razón de las posiciones que tienen varios legisladores sobre el asunto a lo que se agrega que su aprobación fue con el piso mínimo, 16 votos.
